- El presidente de la LVIII Legislatura, Octavio Martínez Vargas, manifestó que los diputados recabarán las demandas de los periodistas para integrarlas a la agenda parlamentaria.
- La especialista Perla Gómez Gallardo, impartió la conferencia magistral “Los Límites de la Libertad de Expresión en el Sistema Jurídico Mexicano”.
Toluca de Lerdo, Méx., 25 de septiembre de 2012.- “La
libertad de expresión en el país y particularmente en el Estado de México tiene
una gran agenda y un gran reto”, manifestó el diputado Octavio Martínez Vargas,
presidente de la LVIII Legislatura del Estado de México, durante la Conferencia
Magistral: Los Límites de la Libertad de Expresión en el Sistema Jurídico
Mexicano, impartida por Perla Gómez Gallardo, miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.
En el Salón Benito Juárez del Congreso local, ante
periodistas mexiquenses y estudiantes, el legislador del Grupo Parlamentario
del PRD manifestó la voluntad y disponibilidad del Poder Legislativo para
recabar los planteamientos vertidos en este foro y materializarlos en la agenda
parlamentaria, a fin de contribuir a un ejercicio de la libertad de expresión
más plena.
Martínez Vargas dijo que este espacio es el inicio de una
nueva etapa que el Estado requiere, “con una sociedad más involucrada e
informada, con un periodismo profesional y objetivo que esté dando cuenta de la
actividad de los servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno”.
En presencia de los organizadores: Leonardo Alejandro Olivas
Ortiz, Fernando Olivas Ortiz, secretario general e integrante respectivamente
del Sindicato Nacional de Redactores; así como Penélope Ventura Rojas,
integrante del Frente Protección para el Periodista; y Jaime Guerrero García,
coordinador ejecutivo de la Casa de los Derechos de los Periodistas, Perla
Gómez Gallardo, indicó que despenalizar la libertad de expresión “no implica
que sea un cheque en blanco, si hay y debe existir responsabilidad por el abuso
de la libertad de expresión, pero debe ser en la vía administrativa o civil”.
La especialista, quien es doctora egresada de la Facultad de
Derecho de la UNAM y miembro fundador de la Casa del Derecho de los
Periodistas, enfatizó que el límite en el ejercicio de la libertad de expresión
son: los derechos personales del honor, la vida privada y la propia imagen. “Es
necesario que el periodista ejerza su profesión, con una responsabilidad ética
y una lógica de autorregulación con principios morales,” advirtió.
En este marco, Ricardo Joya Cepeda, director general de
Comunicación Social de la Legislatura, expresó un saludo y reconocimiento del
presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura
estatal, Aarón Urbina Bedolla al ejercicio periodístico, de ahí su apoyo a la
realización de este evento.
Subrayó el trabajo del Congreso local a favor de la libertad
de expresión, con la modificación al artículo 238 del Código Penal para agravar
las penas a delitos contra periodistas en el ejercicio de su labor. En caso de
lesiones, se aplican de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 150 días
multa y cuando se comete homicidio, la pena es de 12 a 20 años de prisión y de
300 a 550 días multa.
Refirió la reforma, también al Código Penal, a fin de
derogar los artículos 275 y 286 –formulada por el gobernador mexiquense y los
Grupos Parlamentarios- para eliminar los delitos de difamación, calumnia e
injuria, de manera que no se pueda demandar la reparación del daño a quien
ejerza su derecho de opinión. Asimismo, dijo que, como un reconocimiento al
trabajo periodístico de la entidad, este año se denominó como el del
“Ilustrador Nacional”.
En la ponencia -clausurada por el contralor del Poder
Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, quien enfatizó que todo servidor
público debe trabajar con transparencia, ante el escrutinio público y con
honradez-, la asesora del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de
Expresión, destacó que se está en una situación alarmante “de agresiones al
periodista”. Agregó que el problema no sólo radica en agresiones sino en la
impunidad; al día de hoy —dijo— no hay una persona responsable en la cárcel
condenada por haber atacado, desaparecido o asesinado a un periodista.
Otro problema es el ataque institucional a la libertad de expresión,
“tenemos el recuento nacional de leyes que lejos de proteger acosan el
ejercicio periodístico”; al respecto, celebró que en el Estado de México ya se
despenalizaron los delitos de difamación, calumnia e injuria, y está pendiente
su promulgación.
Gómez Gallardo indicó que en las 32 entidades federativas es
necesario establecer la obligación en los Códigos de Procedimientos Penales
para que el Ministerio Público —en casos de ataques a periodistas— agote las
líneas de investigación y se desvincule el hecho de que no haya sido un ataque
a su libertad de expresión.
Al respecto, Fernando Olivas Ortiz, mencionó que el
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y otras organizaciones filiales
han presentado algunas iniciativas a la Cámara para apoyo de los periodistas,
por lo que dijo platicarán con los legisladores.