- Avalan asamblea que incumple los mínimos legales
La condueña del Insurgentes 300, Magdalena Navarrete; la administradora Nayelli Ruiz Zárate y el abogado Alejandro Cervantes
México, D. F., a 25 de abril de 2011.- Funcionarios de la Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal parecen estar detrás de un grupo de presión que pretende quedarse con el Condominio Insurgentes Sur 300, destituyendo a la actual administración para apoderarse de la totalidad de los despachos y poderlo vender posteriormente en una gran cantidad, dada su alta plusvalía.
Lo anterior fue denunciado por la actual administradora Gloria Nayelli Ruiz Zárate, quien cuenta con una sentencia judicial a su favor en el Juzgado 35 de lo Civil en el Distrito Federal, a quien le fue negada su alta en la Procuraduría Social, aduciendo los funcionarios que de acuerdo con informes del grupo comandado por José Santana Ortega y su esposa Edna Angélica Téllez Blanco, no existe administración alguna.
La convocatoria firmada por el funcionario de la PROSOC-DF, José Francisco Cadenas Reglín.
Por este motivo, el Jefe de Unidad Departamental de la Prosoc en la Delegación Cuauhtémoc, José Francisco Cadenas Reglín, firmó una convocatoria para mañana martes a las 16:00 horas, fundada en documentos ilegales que no acreditan la copropiedad del inmueble de los presuntos convocantes.
Ruiz Zárate afirma que pretenden destituirla y apoderarse de la administración en la persona de Tránsito Vázquez Chávez, quien en noviembre de 2008 y mayo de 2009 simuló sendas asambleas con el fin de erigirse como administrador, las cuales fueron declaradas nulas por el juzgador debido a la simulación de actos y entrega de documentos sin fundamento e ilegales.
“Sorprendentemente dentro del condominio publicitan un documento por el cual la Procuraduría Social acredita una asamblea convocada por una supuesta representante de convocantes, siendo que para esto, abusan de la buena fe de la institución, presentando documentos no vigentes, así como falseando declaraciones ante autoridades en el ejercicio de sus funciones”, expresó Nayelli Ruiz Zárate ésta mañana en conferencia de prensa.
La administradora dijo que “si bien es cierto la Procuraduría Social es una institución de buena fe, cierto también es que por ser un ente jurídico, con fundamento en el artículo octavo constitucional que marca el derecho de petición, obliga a todo servidor público a observar si las declaraciones y documentos ante ellos presentados son verídicos y cuentan con la eficacia probatoria que el oferente les pretende dar”.
Sin embargo, afirmó que la Prosoc no ha cumplido y acusa que no puede ser que “esta autoridad respalde su falta de honradez, eficacia y eficiencia bajo el velo de una supuesta inocencia. Es decir, el pecar de inocente no corresponde a funcionarios de gobierno”.
La convocatoria que se encuentra en los pasillos del edificio.
El Condominio Insurgentes está compuesto por 402 despachos —algunos de los cuales han sido convertidos ilegalmente en habitación— y 22 locales comerciales; muchos de estos despachos han sido invadidos por el grupo de José Santana Ortega y su esposa Edna Angélica Téllez Blanco, quienes de esa forma se quieren apoderar del edificio.
Ruiz Zárate afirma que a pesar de que el Jefe de Unidad Departamental de la Prosoc en la Delegación Cuauhtémoc, José Francisco Cadenas Reglín, reconoció frente a ella las anomalías existentes, insistió en que se lleve a efecto la reunión de mañana mediante la cual la quieren destituir con intromisión de éste funcionario.
Finalmente, dijo que “queremos informarles que dada esta presunta ‘inocencia’ de las autoridades de la Procuraduría Social, los condóminos han sido citados a una Asamblea que no sabemos qué tipo tiene, si general, si ordinaria o extraordinaria, la misma que la PROSOC al tratar de resarcir su ineficacia, la tendrá por no legalmente constituida”.
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