Artículo Editorial
ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO
Opinión del especialista en asuntos de transparencia y
libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 14 de agosto de 2012.- El viernes pasado
asistí a impartir la conferencia magistral de clausura del Primer Congreso
Jurídico de la COMAIP (la organización que organiza a los órganos garantes de
transparencia del país) sobre los retos del diseño institucional de
transparencia. Ahí afirmé varias debilidades del diseño y de quienes integran o
han integrado los órganos garantes. Veamos.
Primero. Los órganos garantes de la transparencia (llámense
comisiones o institutos) surgieron con los mejores augurios y con la esperanza
razonada de que habrían de fortalecer el novedoso derecho de acceso a la
información pública. En el 2002 las circunstancias políticas no permitieron
crear una Ley General (es decir aplicable a la Federación, entidades
federativas y municipios) pero sí una ley parcialmente federal y una en cada
entidad federativa con su respectivo órgano garante.
Eso creó una gran burocracia, pero se pensó que era más el
riesgo para el país no construir ese amplio andamio jurídico que edificarlo.
Así se hizo. Los resultados fueron desiguales.
Lo grave fue que las debilidades de los órganos fueron cada
día más claras, de ahí la propuesta de Enrique Peña Nieto de dar un giro a lo
que se ha hecho mal en los hechos aunque en el papel y en los comités de diseño
se veía como una solución jamás, como un problema. A diez años de haber
adquirido carta de naturalización formal el derecho de acceso a la información
tiene frente a sí el reto de reformarse de manera sustantiva.
Segundo. Las razones de esta gran reforma probable no son
pocas: a) Los órganos de transparencia violando la ley y su imparcialidad se
convirtieron de facto en asesores o de plano redactores de las respuestas de
información pública de los sujetos obligados particularmente del Ejecutivo; b)
Algunos comisionados han sido denunciados por pornografía infantil; c) Otros se
han convertido en elementos de legitimación y confirmación de negativas de
información de cosas tan absurdas como sueldos de servidores públicos y gastos
de publicidad oficial; d) Algunos más han sido acusados de acoso a sus
compañeras consejeras o comisionadas ; e)Hay quienes se auto otorgaron bonos
ilegalmente; f) Hubo quienes crearon solicitudes ficticias para abultar el
número de requerimientos con el fin de contar con mayor presupuesto; g) La gota
que derramó el vaso fue la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico
en los órganos de transparencia.
En efecto, el presidente de un órgano de transparencia está
siendo investigado por la SIEDO de la PGR por sus lazos con “La Familia
Michoacana” y/o “Los Caballeros Templarios”, reconocidas organizaciones
delictivas de alto impacto y que han sustituido en muchos partes las funciones
reservadas al Estado mexicano. No podía pasar nada peor a los órganos garantes
que esta presumible vinculación, según revelan audios en poder de la autoridad
correspondiente y por razones del sigilo de la averiguación previa en curso no
debe hacerlas públicas por ahora.
Tercero. En este contexto no es de extrañar que se quiera
hacer una cirugía mayor al entramado legal actual para reconducir la
transparencia hacia mejores destinos de los que ahora señalan estudios de
distintos organismos nacionales e internacionales.
El más reciente del Foro Económico Mundial no ubica en modo
alguno a México ni con medalla de bronce en transparencia, sino muy lejos de
ella, a pesar de los cuantiosos recursos que se han destinado a este fin con resultados
lamentables por nuestra subcultura política y grandes dotes para la corrupción
y la simulación.
Lo único que en esta materia no podemos hacer es dejar las
cosas como están. Hay activos importantes en la actualidad que por su talento y
experiencia pueden aportar al país para cambiar lo reformable como Oscar Guerra
Ford del Distrito Federal, presidente del INFODF; Raúl Ávila, comisionado de
Oaxaca; Blanca Lilia Ibarra, presidente de la CAIP de Puebla y Jorge Gasca,
presidente de la Comisión de Campeche, entre algunos más.
En esta reforma necesaria hay que aprovechar a quienes han
demostrado aquellas partes que sí funcionan para aprovechar su experiencia para
innovar manteniendo aquella parte de la continuidad que ha dado resultados.
Habrá que ver si la necesidad de cambio logra ganar la partida a la inercia y a
la burocracia que hará todo para que nada cambie.