miércoles, 15 de agosto de 2012

En la opinión de...



Artículo Editorial

ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO

Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 14 de agosto de 2012.- El viernes pasado asistí a impartir la conferencia magistral de clausura del Primer Congreso Jurídico de la COMAIP (la organización que organiza a los órganos garantes de transparencia del país) sobre los retos del diseño institucional de transparencia. Ahí afirmé varias debilidades del diseño y de quienes integran o han integrado los órganos garantes. Veamos.

Primero. Los órganos garantes de la transparencia (llámense comisiones o institutos) surgieron con los mejores augurios y con la esperanza razonada de que habrían de fortalecer el novedoso derecho de acceso a la información pública. En el 2002 las circunstancias políticas no permitieron crear una Ley General (es decir aplicable a la Federación, entidades federativas y municipios) pero sí una ley parcialmente federal y una en cada entidad federativa con su respectivo órgano garante.

Eso creó una gran burocracia, pero se pensó que era más el riesgo para el país no construir ese amplio andamio jurídico que edificarlo. Así se hizo. Los resultados fueron desiguales.

Lo grave fue que las debilidades de los órganos fueron cada día más claras, de ahí la propuesta de Enrique Peña Nieto de dar un giro a lo que se ha hecho mal en los hechos aunque en el papel y en los comités de diseño se veía como una solución jamás, como un problema. A diez años de haber adquirido carta de naturalización formal el derecho de acceso a la información tiene frente a sí el reto de reformarse de manera sustantiva.

Segundo. Las razones de esta gran reforma probable no son pocas: a) Los órganos de transparencia violando la ley y su imparcialidad se convirtieron de facto en asesores o de plano redactores de las respuestas de información pública de los sujetos obligados particularmente del Ejecutivo; b) Algunos comisionados han sido denunciados por pornografía infantil; c) Otros se han convertido en elementos de legitimación y confirmación de negativas de información de cosas tan absurdas como sueldos de servidores públicos y gastos de publicidad oficial; d) Algunos más han sido acusados de acoso a sus compañeras consejeras o comisionadas ; e)Hay quienes se auto otorgaron bonos ilegalmente; f) Hubo quienes crearon solicitudes ficticias para abultar el número de requerimientos con el fin de contar con mayor presupuesto; g) La gota que derramó el vaso fue la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en los órganos de transparencia.

En efecto, el presidente de un órgano de transparencia está siendo investigado por la SIEDO de la PGR por sus lazos con “La Familia Michoacana” y/o “Los Caballeros Templarios”, reconocidas organizaciones delictivas de alto impacto y que han sustituido en muchos partes las funciones reservadas al Estado mexicano. No podía pasar nada peor a los órganos garantes que esta presumible vinculación, según revelan audios en poder de la autoridad correspondiente y por razones del sigilo de la averiguación previa en curso no debe hacerlas públicas por ahora.

Tercero. En este contexto no es de extrañar que se quiera hacer una cirugía mayor al entramado legal actual para reconducir la transparencia hacia mejores destinos de los que ahora señalan estudios de distintos organismos nacionales e internacionales.

El más reciente del Foro Económico Mundial no ubica en modo alguno a México ni con medalla de bronce en transparencia, sino muy lejos de ella, a pesar de los cuantiosos recursos que se han destinado a este fin con resultados lamentables por nuestra subcultura política y grandes dotes para la corrupción y la simulación.

Lo único que en esta materia no podemos hacer es dejar las cosas como están. Hay activos importantes en la actualidad que por su talento y experiencia pueden aportar al país para cambiar lo reformable como Oscar Guerra Ford del Distrito Federal, presidente del INFODF; Raúl Ávila, comisionado de Oaxaca; Blanca Lilia Ibarra, presidente de la CAIP de Puebla y Jorge Gasca, presidente de la Comisión de Campeche, entre algunos más.

En esta reforma necesaria hay que aprovechar a quienes han demostrado aquellas partes que sí funcionan para aprovechar su experiencia para innovar manteniendo aquella parte de la continuidad que ha dado resultados. Habrá que ver si la necesidad de cambio logra ganar la partida a la inercia y a la burocracia que hará todo para que nada cambie.